Valladolid, otra vez: el Gobierno deja fuera a León en la creación de la nueva UIP

La provincia de León vuelve a enfrentarse a la amarga realidad del centralismo burocrático y las decisiones de despacho que ignoran el clamor del territorio

Esta vez, la disputa gira en torno a la ubicación del nuevo Grupo de Unidades de Intervención Policial (UIP), un contingente de 50 agentes de la Policía Nacional previsto para Castilla y León. Lo que debería ser una asignación basada en criterios técnicos y de equilibrio territorial se ha convertido, según denuncia la Unión Federal de Policía (UFP), en una maniobra política subrepticia encaminada a concentrar, una vez más, los recursos de seguridad en Valladolid.

Un consenso institucional sin precedentes

Pocas veces una reivindicación en materia de seguridad pública ha logrado aglutinar un apoyo tan unánime y transversal en la provincia. León ha hecho los deberes con una meticulosidad ejemplar. En febrero de este año, el Ayuntamiento de León aprobó por unanimidad una moción de apoyo a la implantación de la unidad en la capital. A esta iniciativa se sumó la Diputación Provincial en su Pleno de junio, reclamando con idéntica unanimidad al Gobierno de España la sede leonesa.

El compromiso leonés era firme. Ante la posible falta de dependencias adecuadas en la capital, el Ayuntamiento de Astorga dio un paso al frente ofreciendo de manera oficial la cesión de un edificio municipal de dos plantas y 1.600 metros cuadrados, en perfecto estado de uso y requiriendo únicamente mínimas adaptaciones logísticas.

A nivel técnico, la UFP registró ante el Consejo de Policía y la Dirección General de la Policía (DGP) un detallado estudio-memoria que avala con datos operativos y de viabilidad la idoneidad de la candidatura leonesa. Sin embargo, todo este despliegue de argumentos y facilidades parece chocar contra un muro invisible.

El pretexto de la «capacidad operativa»: una falacia insostenible

El pasado 9 de marzo, la Dirección General de la Policía comunicó oficialmente por escrito que descartaba León y Astorga para situar la nueva base, optando por engrosar las dependencias de Valladolid. El argumento dado por la Dirección Adjunta Operativa (DAO) es que la disgregación de la fuerza en núcleos menores restaría «capacidad operativa».

Para Ricardo Magaz, portavoz de la UFP y profesor de Fenomenología Criminal, esta justificación carece de cualquier rigor profesional y científico. La propia estructura de las UIP en España desmiente la teoría oficial del Ministerio del Interior. En múltiples regiones del país, las unidades operan desde hace años con un modelo de doble base territorial de manera plenamente exitosa: Granada-Málaga, Bilbao-Pamplona, A Coruña-Vigo o Las Palmas-Tenerife funcionan así sin sufrir la menor merma operativa. ¿Por qué lo que es válido para el País Vasco, Galicia, Andalucía o Canarias se le niega a León aduciendo razones operativas inexistentes?

La centralización de estas unidades en Valladolid , ciudad que ya cuenta con dos grupos de la UIP y un subgrupo de mando y apoyo, sumando más de un centenar de agentes especializados, obliga hoy en día a realizar costosos y demorados desplazamientos cada vez que se requiere su intervención en la provincia leonesa, perjudicando la eficacia del servicio público y la inmediatez de la respuesta ciudadana.

Silencio institucional que alimenta la sospecha

La denuncia de esta semana es la constatación de un vacío deliberado. Desde el pasado mes de febrero, la UFP ha solicitado reiteradamente reuniones y audiencias con el delegado del Gobierno en Castilla y León y con el subdelegado del Gobierno en León para debatir esta problemática. La respuesta de ambos representantes gubernamentales ha sido el silencio absoluto.

Este mutismo, calificado de "sospechoso" y "cómplice" por los representantes policiales, resulta alarmante si se tiene en cuenta el unánime respaldo político leonés. Evitar sistemáticamente el encuentro con los representantes de los agentes sugiere que las explicaciones técnicas son indefendibles y que, en realidad, se están ejecutando instrucciones políticas predeterminadas. Se teme, fundadamente, que la decisión de favorecer a Valladolid esté tomada de antemano y de espaldas a los ciudadanos de León.

El castigo histórico a la España Interior

La pérdida de capacidades en León es "el pan nuestro de cada día". Con anterioridad a la creación de las UIP actuales, la provincia leonesa albergaba una Compañía de Reserva General integrada por más de un centenar de agentes. Su desaparición dejó al territorio desprovisto de una base especializada de intervención permanente. Las consecuencias de aquel desmantelamiento son hoy visibles: la comisaría provincial de León presenta una de las plantillas más envejecidas de toda la Policía Nacional en España.

Establecer los 50 nuevos agentes en suelo leonés no constituye un trato de favor, sino un ejercicio elemental de equilibrio territorial y racionalidad en la gestión de recursos en una autonomía de enorme extensión geográfica.

Si finalmente el Ministerio del Interior consuma el desvío de este grupo policial a Valladolid, quedará claro que no han imperado criterios policiales ni de seguridad pública, sino la arbitrariedad de un centralismo burocrático que sigue tratando a León como un territorio prescindible al que se le pueden escatimar recursos sin ofrecer una sola explicación razonable. Los leoneses tendremos el derecho y el deber, de exigir cuentas y saber exactamente quién tomó esa decisión, por qué y bajo qué oscuros criterios.